Empujan la frontera agrícola
La frontera agrícola parece un concepto lejano a las grandes ciudades y a muchos de los cascos poblados de los municipios del país. ¡Error grande! Es muestra de la gran desconexión existente entre lo rural y lo urbano a nivel de políticas de Estado y de percepción ciudadana.
El país estaba demorado en hacer una actualización catastral como la que estamos viviendo. Tristemente, esta actualización predial se siente dictada desde un escritorio, lejos de la realidad rural –que no es una sola, son muchas–, y que persigue –pareciera que de manera prioritaria y tal vez única–, recaudar dineros que se puedan destinar al desarrollo rural y al futuro de las zonas donde se genera; no obstante, este catastro y los impuestos de él derivados destruyen el agro y a sus pobladores. ¿Paradójico? Sí, y lo que muestra es una visión de corto plazo y contradictoria.
De corto plazo porque pareciera que a los hacedores de la norma los deslumbran las cifras de posibles recaudos y no miden el impacto sobre la producción agrícola. Contradictoria porque el país y quienes denigran de la ganadería, alertan sobre el avance de la frontera agrícola en zonas de bosque, en parques naturales, en la Orinoquía y en la Amazonía. La Defensoría del Pueblo habla de la pérdida de más de 54 millones de hectáreas de selva en los últimos años; dice esa entidad que el área mencionada corresponde al 9 % de los bosques de Bioma Amazónico de Colombia. Los invito a leer el tema “Los factores que impulsan la deforestación” en la edición 69 de la revista DeCARNE. El tema es complejo y no podemos caer en simplismo de atribuir la pérdida de bosques a la carga tributaria en algunas zonas. Pero sí es paradójico que algunas políticas de Gobierno empujan la frontera como se enuncia en el tema de la revista 69.
Vuelvo al catastro. En muchas zonas su impacto empuja la producción de alimentos cada vez más lejos de los centros de consumo con todo lo que ello significa: mayores costos, mayor huella de carbono, largos desplazamientos de la producción por vías en regular estado, agricultores que no cuentan con servicios básicos, tierras muy fértiles que se urbanizan, pérdida de bosques…
Esta medida –el catastro, digo–, si bien se requiere en justas proporciones y sin obviar realidades, debería también reconocer el trabajo de agricultores y ganaderos, reconocer la importancia de la ruralidad para el bienestar de los que en ella trabajan y viven, así como para aquellos que viven en los centro poblados pues se alimentan de lo que en la ruralidad se produce. ¿Ambicioso? Tal vez, pero necesario.
Un catastro bien formulado debería pasar por el reconocimiento de lo rural, antes que nada; por ponerle un límite a la urbanización protegiendo la producción de alimentos. En respetar o plantear áreas mínimas para que la producción sea rentable y sostenible, no solo en medir metros cuadrados o hectáreas para aplicar tasas tributarias sobre esas áreas. Tal vez la coherencia es el concepto que debería guiar la política pública referida al agro.
Los dejo con esta reflexión que tal vez derive en frenar acciones que empujan la frontera agrícola y también la inmisericorde urbanización de zonas con enorme potencial agrícola.
Coordinadora de relatos
